De los 1.057 localizados, 769 retiran la publicidad, 307 reciben sanción y 221 optan por legalizarse. El sector denuncia la competencia desleal de estos negocios y pide a la Junta que sigan las inspecciones
El Gobierno autonómico continúa trabajando para echar el freno a los establecimientos turísticos que tratan de operar de manera ilegal en la región, Según informan desde la Consejería de Cultura, Turísmo y Deportes, desde que en Julio del año 2018 entrase en vigo la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura, las inspecciones de la Dirección General de Turismo han detectado 1057 establecimientos ilegales, de los que 769 acabaron retirando la publicidad o subsanaron su situación irregular, a 307 se les abrió un expediente sancionador y 221 optaron por pasar su actividad a la legalidad presentando la preceptiva declaración responsable.
Cabe señalar que solo en 2019 se detectó al 74% (791) del total de los alojamientos que se han notificado hasta la fecha, mientras que en 2020, en plena pandemia de coronavirus, el porcentaje se redujo sustancialmente al 3,6% (39). En 2021 volvió a experimentarse un incremento con 143 (13,5%) negocios ilegales detectados y, en lo que va de año, suman 84 (7,9%). A tenor de estas cifras, desde el sector turístico regional instan a a Junta a seguir con las inspecciones para tratar de paliar esta problemática, pues denuncian que este tipo de establecimientos dañan mucho al empresariado que sí hace las cosas bien.
«Afortunadamente, ahora no estamos en las primeras cifras, porque hubo una intervención muy importante por parte de la inspección de Turismo y acabó un poco con la tendencia casi continua de abrir alojamientos ilegales», destaca la presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga. «Esta práctica hace mucho daño al sector porque quienes la desarrollan ni son profesionales, ni generan beneficios para el resto de la localidad donde se ubica el establecimiento. Suponen una competencia desleal porque tiran los precios al no tener los gastos que tenemos el resto», lamenta.
Sobre cómo paliar esta problemática, Bazaga considera que «la única forma de conseguirlo es que las plataformas que comercializan de verdad el producto turístico profesional, no incluyan a los negocios ilegales en la oferta». «La dirección general de Turismo ya ha llegado a este acuerdo con algunas plataformas», asegura. «La diferencia entre lo que conlleva legalizar o no un alojamiento es mínima en lo relativo a la documentación. A esto se suma el hecho de que trabajar desde la legalidad tiene beneficios en cuanto a la potencialidad a la hora de vender, la seguridad del turista y del propio empresariado», puntualiza.
Las sanciones
El régimen sancionador que contempla la normativa autonómica varía en función de las circunstancias individuales de cada caso, sin embargo, con carácter general se suelen interponer multas de 2.400 euros por ejercer la actividad de forma ilegal y otros 2.400 euros por publicitarse sin haber presentado la declaración responsable correspondiente. Asimismo, estas cuantías pueden verse rebajadas si el titular procede a subsanar la irregularidad presentando declaración o retirándose del ejercicio ilegal, así como cuando se reconoce la responsabilidad y se procede al pago con anterioridad a la resolución final del procedimiento.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura (Cetex), Manuel Moreno, insta a la Administración regional a seguir con las inspecciones: «Si alguien está trabajando ilegalmente, se le tendrá que cerrar el negocio automáticamente, porque es una competencia desleal que quita cuota de mercado al que paga sus impuestos y sí está cumpliendo con la normativa legal vigente».
En este sentido, Moreno considera que haber detectado ya más de mil alojamientos ilegales supone «un número bastante importante como para seguir trabajando sobre ello». «El servicio de inspección de la Junta tiene que seguir en la misma línea, a través de un seguimiento de los negocios hasta que descubran que incumplen la normativa», subraya.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Extremadura (Setex), Antonio Martínez, denuncia que «hay muchos alojamientos ilegales que están operando en fincas de caza». «Los propietarios de las fincas dicen que quienes se quedan a dormir son amigos cuando eso es mentira, yo no conozco a ningún amigo que pague para ir a cazar, por lo tanto es una falsedad y también tendrían que estar dados de alta», sostiene. «La gente se queda a dormir en estas fincas y no genera un beneficio económico en la zona», afirma.
A su juicio, por parte del Gobierno regional se deberían tramitar ayudas para poder poner en marcha un alojamiento turístico. «Yo quiero comprarme una finca para montar un hotel, pero sin ninguna ayuda me cuesta más y lo que estoy haciendo es paralizar la inversión, cuando si gracias a mi negocio ayudo a crear dos o tres puestos de trabajo, pues bien estaría», argumenta Martínez. «La realidad es que faltan más alojamientos para que la gente venga a Extremadura», apunta.
Por último, indicar que la región cuenta en la actualidad con 2.061 alojamientos turísticos que operan de una manera legal con 48.176 plazas. De estos, 427 son establecimientos hoteleros, 611 extra hoteleros y 1.023 alojamientos rurales. En cuanto a los apartamentos turísticos, que han experimentado un importante crecimiento en los últimos años, en estos momentos hay 527 con un total de 5.133 plazas. A estos habrá que sumar en los próximos meses los 34 que se encuentran en tramitación para su apertura.
